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Ocho directivos de Casa Ruby fueron acusados formalmente de negligencia  y daños

Ocho personas que figuraron como directores, entre 2014 y 2020, de Casa Ruby, la organización LGBTQ+ que está bajo investigación por malversación de fondos, fueron acusados formalmente por negligencia y daños en la División Civil de la Corte Superior de Washington DC.

La querella fue presentada por abogados de Wanda Alston Foundation, junto a una moción de denuncia cruzada y acusación a terceros, con el objetivo de que exista en el caso restitución por las pérdidas, compensación por daños, consecuencias punitivas, pagos de multas y todo lo que la Corte considere necesario.

De acuerdo con la acusación, los señalados “fallaron a la hora de intervenir para detener y prevenir” pérdidas en Casa Ruby y esta conducta “de incumplimiento de sus deberes” como miembros de la Junta Directiva causó agravios al trabajo de la entidad.

El documento también apunta que los acusados fueron negligentes a la hora de vigilar, controlar y proteger los intereses de la institución, de acuerdo con la ley que rige el funcionamiento de las corporaciones y organizaciones sin fines de lucro.

La acusación, además, detalla que si los miembros de la Junta Directiva en cuestión hubieran cumplido su rol y no hubieran omitido denuncias de irregularidades, las pérdidas financieras y el mal manejo de los fondos de Casa Ruby se hubieran evitado.

Los directores señalados son Ever Alfaro, Carlos Gónzalez, Consuella López, quien según la declaración de impuestos de Casa Ruby de 2020 recibió una compensación/sueldo de $38 mil 208. Así mismo, Jackie Martínez, Hassan Naveed, Jack Quintana Harrison, Miguel Rivera y Meredith Zotlick.

Más de $250 mil de Casa Ruby se usaron en salones de belleza y restaurantes en Washington DC

El último informe de la auditoría que realiza la organización Wanda Alston Foundation, síndico en el proceso que se sigue en contra de Casa Ruby y su directora, a las finanzas y documentos de la entidad, reveló que Ruby Corado, fundadora de la misma, utilizó más un cuarto de millón de dólares para gastos personales. 

De acuerdo con el reporte presentado en la Corte Superior de Washington DC poco antes de las celebraciones de fin de año de 2022, entre 2019 y 2021, Corado gastó $254 mil 852.30 en vistas a salones de belleza, manicura, pestañas postizas, quiroprácticos, productos de santería, viajes y gastos a El Salvador y comidas en restaurantes alrededor de Washington DC. 

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“No existió separación entre los gastos personales de Corado y los gastos de los costos del funcionamiento de Casa Ruby. La contabilidad muestra que se hicieron cargos de otros gastos personales en la tarjeta de debido de la organización desde 2017”, se lee en el informe. 

El tercer reporte de Wanda Alston Foundation también apunta que Corado solicitó una tarjeta de crédito para Consuella López, miembro -según la declaración de impuestos de la organización- de la junta directiva. 

Pero, además, el documento detalla que Corado abrió y utilizó, sin la autorización de los directores, una línea de crédito a nombre de la organización que llegó a tener un límite de $600 mil. Miles de dólares de ese préstamo fueron movidos de la cuenta bancaria de Casa Ruby hacia cuentas personales de la directora, apunta el documento.

“El patrón de despilfarro, fraude y abuso parece haberse intensificado cuando Corado descubrió que no hubo supervisión significativa por parte de la junta directiva. Los registros financieros de Casa Ruby muestran depósitos de múltiples fuentes de ingresos por un total de $5 millones 169 mil 098.03”, apunta el informe.

“Parecía que Corado recibía un trato especial de parte de muchos servidores públicos electos en Washington DC y que ella disfrutaba de ese nivel de poder y privilegios que otros puedan reclamar”, se lee en el documento.

Acusación cruzada

También en diciembre, Wanda Alston solicitó a la jueza del caso, Danya Dyson, ser parte de la acusación y el señalamiento formal de las ocho personas que figuraron como directores de Casa Ruby en los documentos de los impuestos desde 2014 hasta 2019.

Duranta la última audiencia, realizada el 6 de enero pasado, Ruby Corado, dijo a la jueza que algunas de estas personas acusadas, le expresaron preocupación y sostuvo que todo el proceso es parte de una persecución en su contra. 

La demanda cruzada a terceros contiene alegaciones que aumentan significativamente el alcance de la responsabilidad, por omisión de los directivos señalados. Estas personas podrían ser condenados a pagar por los daños totales o parciales que se consideren sean en perjuicio de Casa Ruby. 

Última audiencia

Durante la última audiencia, la jueza Dyson apuntó que Casa Ruby debe contar, en las próximas semanas, con un representante legal que se adjunte al caso como parte defensora de los intereses de la organización. 

Sin embargo, un experto en el tema legal, que estuvo en la diligencia, afirmó que “el caso tiene mala connotación” y debido a esto, varios abogados consultados no quieren ser incluidos en el proceso. 

Por su parte, Corado aseguró que por la forma en la que se ha manejado toda la información relacionada a Casa Ruby, desde el momento que se supo de la investigación, afuera de la Corte, no solo existe preocupación entre los directores señalados, sino negatividad a la hora de encontrar abogados. 

Después de varias interrupciones de parte de la jueza a Corado, por desviar la discusión sobre su representación legal hacia temas personales, uno de los representantes de Wanda Alston Foundation dijo que la directora de Casa Ruby “debe entender que tiene una responsabilidad” de nombrar un abogado en el caso. 

“Ha habido un esfuerzo para demonizarme y destruir mi legado. Como activista he vivido con eso toda mi vida. Mi preocupación no es que si Casa Ruby puede evolucionar, sino que el sistema ha puesto muchos candados y esfuerzos para castigar a la gente, no soy la única involucrada en Casa Ruby”, afirmó la directora en una de sus intervenciones. 

Hasta el momento, Corado no ha respondido a la demanda en su contra y según la jueza Dyson, tampoco ha mostrado pruebas que desestimen lo señalado en los tres informes financieros que ha redactado la organización síndico.

La Corte le dio hasta el 13 de enero para que presente su respuesta formal al proceso y, además, un plazo de 60 días, pese a que la Fiscalía señaló que han pasado cinco meses desde que presentó la acusación, para que nombre a un representante legal. 

La audiencia se realizó vía online. Según fuentes cercanas al proceso Corado se encuentra en El Salvador. En noviembre pasado circuló un video en el que la directora de Casa Ruby fue captada en el concierto del reguetonero Bad Bunny en territorio salvadoreño. 

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