Estados Unidos debe pronunciarse contra el ataque de López Obrador a instituciones clave.
Opinión de La Junta Editorial del Financial Times.
En las elecciones presidenciales de México de 1988, el recuento oficial de votos se vio interrumpido después de que los primeros resultados mostraran que el candidato de la oposición iba a la cabeza, supuestamente debido a un fallo informático. Cuando se reanudó el recuento, el hombre del partido gobernante era el ganador. Una amplia reforma de la autoridad electoral de México en la década de 1990 relegó tales artimañas a los libros de historia. Unas elecciones justas permitieron a la oposición obtener una victoria histórica en 2000, poniendo fin a 71 años de gobierno unipartidista.
Ahora, el presidente populista de México, Andrés Manuel López Obrador, quiere volver al antaño. La semana pasada, el izquierdista logró que el Congreso aprobara una ley para recortar el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) y debilitar sus facultades de supervisión. Este fue su segundo intento de disminuir la efectividad del instituto, después de que el año pasado fracasara una legislación aún más severa.
El razonamiento de López Obrador para controlar una de las instituciones más populares y respetadas de México es poco sólido. Afirma que el presupuesto de $765 millones con el que cuenta el organismo es excesivo. Sin embargo, entre las responsabilidades del INE se incluye la de administrar un sistema seguro de documento nacional de identidad para casi 95 millones de personas. Alega que el INE es parcial y corrupto. Sin embargo, el instituto certificó la victoria electoral del presidente en 2018 y ha avalado numerosos triunfos de su alianza Morena desde entonces.
La oposición opina que aquí hay gato encerrado. México celebrará elecciones presidenciales y legislativas el próximo año; y López Obrador quiere consolidar su dominio político. La reelección presidencial es un tabú centenario en México, por lo que elegirá personalmente a un sucesor que se postulará bajo los colores del partido gobernante. Quiere a toda costa conservar la mayoría en el Congreso y, si es posible, alcanzar el umbral de dos tercios que permite el cambio constitucional. Tener al instituto electoral bajo sus órdenes le facilitará mucho la tarea.
Dichas tácticas son comunes en la política mexicana. Durante la mayor parte del siglo XX, fueron dominio exclusivo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), descrito por el novelista peruano Mario Vargas Llosa como la “dictadura perfecta”.
López Obrador se curtió en política como militante del PRI en los años setenta y ochenta antes de unirse a un nuevo partido de izquierda. Ahora parece decidido a traer de vuelta algunas de las peores tradiciones del PRI. La intolerancia del presidente mexicano hacia la oposición política o la crítica abierta hacia los medios de comunicación es preocupante. Ambos, en su opinión, son obra de élites corruptas. Las instituciones independientes, como el Banco Central o la Suprema Corte, solo son genuinos si cumplen sus órdenes. Una refinería de petróleo de $16.000 millones comenzará a funcionar este año para que la economía sea cada vez más estatizada y dependiente del petróleo.
Los ataques de López Obrador al sistema electoral reflejan los ataques de otros populistas en América, como Donald Trump o Jair Bolsonaro. Esto no es casualidad. López Obrador disfrutó de una buena relación de trabajo con Trump y fue de los últimos líderes mundiales en reconocer la victoria electoral de Joe Biden.
¿Qué hacer ante el ataque de López Obrador a la democracia mexicana? La oposición está organizando una protesta masiva y planea impugnar la nueva ley electoral ante la Suprema Corte, asediada a su vez por el presidente.
Es hora de que los aliados y amigos de México alcen la voz. La UE debe encontrar su voz. Pero el más importante es Estados Unidos, vecino y principal socio comercial de México. El gobierno de Biden ha denunciado con admirable firmeza el creciente autoritarismo en Centroamérica, pero, curiosamente, ha guardado silencio sobre el mismo fenómeno en su aliado latinoamericano más importante. Esto debe cambiar. ¿Cómo puede haber preferencias comerciales hacia un país que se muestra cada vez más intolerante con la oposición política y con una sociedad libre y abierta?
La Junta Editorial
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