El Instituto Nacional de Migración (INM) de México anunció este domingo que destinará más de 7 millones de dólares (unos 140 millones de pesos) para indemnizar a las familias de 40 inmigrantes fallecidos en el incendio del centro de detención de Ciudad Juárez, estado de Chihuahua.
La tragedia ocurrió en marzo de este año en un centro de detención ubicado en la frontera con Estados Unidos.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) autorizó 3,5 millones de pesos para cada una de las víctimas fallecidas. Mientras tanto, desde el INM aseguran que costearon los gastos de hospedaje, alimentación y servicios personales para la familia de las víctimas; así como los boletos de avión.
El organismo aseguró también que ya llevó a cabo la repatriación de los cuerpos, mientras que prevalece el acompañamiento médico a los lesionados y la aplicación de “medidas de protección civil” en las sedes migratorias del país.
De acuerdo con el comunicado, el instituto procedió a aplicar medidas de protección civil para que los hechos no vuelvan a repetirse: instalaron puertas de emergencia, retiraron de rejas y cerraduras en todas las áreas de tránsito y garantizan el tránsito interno de las personas alojadas.
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A estas disposiciones se suman otras como la instalación de vidrio plástico, detectores de humo, respiradores y mayor número de extintores, “con base en las recomendaciones que determine la CNDH, las instancias de Protección Civil y el Órgano Interno de Control (OIC)” del organismo.
Cómo fue el incendio en Ciudad Juárez
El 27 de marzo de este año un grupo pequeño de extranjeros prendió fuego a una colchoneta como señal de protesta por las condiciones de su detención. El comunicado del INM indica que el incendio se propagó en tres minutos y responsabilizó a dos personas de origen venezolano, así como la pérdida de las llaves de la celda en donde estaban los hombres.
No se mencionan las irregularidades de las instalaciones para la tragedia que terminó con 40 inmigrantes muertos y 27 lesionados.
“Es un hecho doloroso y lamentable, pero también representa un momento crucial para avanzar en los procesos que garanticen los derechos y la salvaguarda de las personas en contexto de movilidad. Y la no repetición”, explicaron desde el instituto.
Agregaron: “En el caso de los migrantes lesionados que fueron trasladados a la Ciudad de México, para ser atendidos en hospitales de alta especialidad, están hospedados junto a sus familiares, en hoteles donde personal del INM está al pendiente de los mismos -las 24 horas del día- para gestionar los servicios que requieren”.
Debido al hecho, fueron vinculados a proceso ocho servidores públicos del organismo mexicano: Francisco Garduño Yáñez, Antonio Molina Díaz, Salvador González Guerrero, Juan Carlos Meza Cumplido, Eduardo Apodaca Magallanes, Daniel Goray Yosioka, Rodolfo Collazo de la Torre y Gloria Liliana Ramos García.
A estos se suman un guardia de seguridad privada y dos inmigrantes, todos acusados del delito de homicidio.
