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El derecho penal del enemigo, su aplicación por Bukele y otros

La teoría del derecho penal del enemigo plantea una cuestión fundamental en la intersección entre la seguridad pública y los derechos individuales en el sistema de justicia penal. Esta teoría sostiene que ciertos individuos o grupos deben ser tratados de manera diferente y más severa debido a su consideración como enemigos de la sociedad.

El Contexto de El Salvador como un caso práctico para el surgimiento del derecho penal del enemigo

Recientemente, el presidente Nayib Bukele ha generado una nueva e intensa controversia al promover la construcción de una mega prisión destinada a albergar a miembros de peligrosas pandillas. Junto con la implementación de medidas de seguridad drásticas y el control militarizado del parlamento, su gestión ha estado bajo un intenso escrutinio.  

En julio de este año, el Congreso de El Salvador aprobó disposiciones transitorias especiales en medio del estado de emergencia vigente desde principios de 2022 para combatir las “maras” o pandillas criminales. Sin embargo, estas medidas también han suscitado cuestionamientos por parte de políticos opositores y expertos. 

Las nuevas disposiciones permitirán a la Fiscalía utilizar pruebas similares para procesar en grupos amplios a aquellos detenidos con algún tipo de relación. El ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, estimó que estas medidas podrían permitir enjuiciar hasta 900 imputados en un solo proceso.   

El diputado César Reyes, expresó a Reuters su preocupación: “Claramente vulnera principios que son fundamentales de presunción de inocencia (…) porque hoy tenemos capturas donde simplemente la policía y las fuerzas armadas han catalogado como sospechosa a cualquier persona y la han detenido”. 

Sospecha y detención por llevar tatuajes  

En junio de 2023, El Washington Post puso de manifiesto una realidad preocupante: la posibilidad de ser encarcelado meramente bajo la sospecha de asociación, un abuso contrario a los principios del derecho universal. Este incidente implica a dos ciudadanos colombianos que, declarándose admiradores del presidente Bukele y atraídos por la imagen de seguridad proyectada por el gobierno salvadoreño, decidieron aventurarse en el “pulgarcito de Centroamérica”.  

Sin embargo, al salir de un centro comercial, se encontraron con una situación alarmante: las fuerzas de seguridad les exigieron desvestirse para inspeccionar los tatuajes en sus cuerpos. Como resultado de esta evaluación superficial, José Antonio Potes y su amigo Manuel Fernando Castrillón quedaron atrapados en el Centro Penal de Jucuapa durante semanas, sin haber tenido la oportunidad de participar en una audiencia. De manera perturbadora, sus tatuajes fueron considerados pruebas concluyentes de culpabilidad, condenándolos de antemano y sin haberse seguido el debido proceso. 

A pesar de las acusaciones y críticas, el presidente Bukele ha negado enfáticamente que esté aplicando el derecho penal del enemigo en El Salvador. Argumenta que su administración está combatiendo el crimen organizado y la delincuencia, y no está persiguiendo a individuos por sus creencias políticas o ideológicas  

La refracción del derecho penal del enemigo en otros países 

Desde la perspectiva de varios críticos, diversas naciones han explorado la teoría del derecho penal del enemigo en sus marcos legales. Alemania se sitúa en el centro de este debate, con afirmaciones de que ha aplicado esta teoría en casos vinculados al terrorismo y delitos graves que atentan contra la seguridad del Estado. En Colombia, muchos sostienen que esta perspectiva legal ha sido empleada para justificar imposiciones de penas más severas en situaciones relacionadas con grupos armados ilegales. En México, representantes de derechos humanos han detectado la utilización de este enfoque en contextos de delincuencia organizada y actos de terrorismo.  

También en Chile, abogados defensores de procesados por los acontecimientos relacionados con el golpe de Estado de 1973 han levantado sus voces, argumentando que sus defendidos están siendo sometidos a procedimientos judiciales que difieren sustancialmente de los que enfrenta el resto de la sociedad llegando a afirmar: “No puede haber justicia ni verdad (…) mientras continúen juzgando a militares y carabineros en un proceso penal que no garantiza el debido proceso mínimo” (…) “sin pruebas directas, en juicios penales en los que el mismo juez que investiga ejerce funciones de acusador y juez al mismo tiempo”. 

Debate valiente 

El presidente Bukele se encuentra ante un desafío delicado en El Salvador, donde la lucha contra la criminalidad debe armonizarse con el respeto a los derechos humanos y las garantías procesales. Sin embargo, este no es un caso aislado; resulta injusto señalar únicamente a su gobierno o régimen como objeto de escrutinio. Otros países y ejemplos similares también plantean la necesidad de entablar un debate valiente y extenso en torno al tema.  

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