El Tribunal Supremo de Estados Unidos se prepara para dictar sentencia en algunos de los casos más importantes de este mandato. Con sólo 10 opiniones restantes antes de que los jueces vayan a su receso de verano, varias cuestiones polémicas están a la espera de resolución, como la acción afirmativa, la condonación de préstamos estudiantiles, y los derechos LGBTQ.
Dos casos de discriminación positiva en Harvard y la Universidad de Carolina del Norte determinarán el futuro de las admisiones basadas en la raza en la enseñanza superior.
Aunque el Tribunal Supremo ha apoyado anteriormente la discriminación positiva, la decisión de los jueces de revisar estos casos ha puesto en duda la continuidad de esta práctica. En los argumentos de octubre, los seis jueces conservadores expresaron su escepticismo sobre la discriminación positiva.
El gobierno de Biden advierte de que la eliminación de las admisiones universitarias basadas en la raza podría tener un impacto “desestabilizador”, provocando un descenso significativo de las matrículas de estudiantes negros y latinos en instituciones selectivas.
El destino del plan del Presidente Joe Biden para cancelar o reducir la deuda de préstamos estudiantiles de millones de estadounidenses también depende de los jueces. Aunque parecía improbable que la propuesta sobreviviera durante la vista judicial de febrero, aún es posible que los jueces dictaminen que los impugnadores carecen de legitimación para demandar, permitiendo que el plan siga adelante.
La propuesta de Biden incluye la condonación de 10.000 dólares de la deuda federal por préstamos estudiantiles para las personas que ganen menos de 125.000 dólares anuales o los hogares que ganen menos de 250.000 dólares, y otros 10.000 dólares para los beneficiarios de las becas federales Pell. La Administración calcula que millones de prestatarios se beneficiarían del programa.
Está previsto que los pagos de los préstamos, suspendidos desde el comienzo de la pandemia de COVID-19, se reanuden este verano, independientemente de la decisión del alto tribunal.
También está pendiente ante el tribunal un caso relativo a la intersección de los derechos LGBTQ y los derechos religiosos.
El litigio afecta a una artista gráfica cristiana de Colorado que quiere diseñar sitios web de bodas pero se niega a crear sitios web para parejas del mismo sexo. La artista, Lorie Smith, sostiene que la ley estatal que obliga a las empresas a servir a todos los clientes vulnera su derecho a la libertad de expresión.
Quienes se oponen argumentan que una victoria de Smith podría permitir a varias empresas discriminar a los clientes por motivos de raza, religión u otros factores.
Durante los alegatos de diciembre, la mayoría conservadora del tribunal se mostró comprensiva con el caso de Smith, tras una serie de recientes victorias de demandantes religiosos en el alto tribunal.
Otro caso con posibles implicaciones para los derechos religiosos es el de un cartero cristiano que se negó a trabajar los domingos cuando se le pidió que entregara paquetes de Amazon.
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Los jueces decidirán cuándo las empresas deben acomodar a los empleados religiosos, y tanto los jueces liberales como los conservadores han expresado un consenso general en que el Servicio Postal no puede alegar costes o dificultades menores para denegar las solicitudes de acomodaciones religiosas. Sin embargo, el resultado del caso concreto del trabajador sigue sin estar claro.
A medida que la temporada electoral cobra impulso, el Tribunal Supremo aún no se ha pronunciado sobre un caso en el que se examina la autoridad de las legislaturas estatales para establecer normas para las elecciones al Congreso y presidenciales sin la supervisión de los tribunales estatales.
El caso se originó en Carolina del Norte, donde se pidió a los jueces que retiraran a los tribunales estatales la potestad de invalidar los distritos congresuales de las legislaturas basándose en violaciones de la Constitución estatal. Sin embargo, el posterior cambio en el control del Tribunal Supremo estatal de Carolina del Norte podría hacer que el caso se desestimara sin sentencia.
El alto tribunal podría considerar un caso similar de Ohio, pero no se llegaría a un veredicto hasta después de las elecciones de 2024.
